El análisis de los boletines oficiales de Río Gallegos expone graves vacíos de información en cinco contratos de obra pública adjudicados a la misma empresa durante 2026. No se publican montos originales, aumentos de costos, plazos ni competidores en las licitaciones. Mientras el intendente promociona su Portal de Transparencia, quedan sin respuesta preguntas básicas sobre el destino de los fondos públicos.

El principal problema no está solamente en el volumen de dinero comprometido, sino en la ausencia de datos que permitan conocer cómo se determinaron los valores finales. En los boletines no aparecen los montos originales de las obras, las eventuales modificaciones presupuestarias, los aumentos de costos ni los plazos de ejecución. Tampoco se informa quiénes participaron de las licitaciones o si existieron otras empresas interesadas en competir por esos trabajos.

La falta de estos elementos impide reconstruir el proceso completo de contratación y evaluar si los precios adjudicados fueron convenientes para las arcas municipales. También dificulta conocer si los trabajos se ejecutaron dentro de los tiempos previstos y si hubo modificaciones que terminaron incrementando el gasto inicial.

El caso adquiere mayor relevancia porque Grasso ha hecho de la transparencia una de las banderas de su gestión y promociona el Portal de Transparencia municipal como una herramienta para facilitar el acceso de los vecinos a la información pública. Sin embargo, cuando se trata de contratos que comprometen cifras millonarias, los datos disponibles no alcanzan para responder preguntas elementales.

La transparencia no se mide únicamente por la existencia de un portal o por la publicación de boletines oficiales. También exige información completa, accesible y verificable sobre cada peso que administra el Estado. ¿Cuánto costaba originalmente cada obra? ¿Por qué se eligió a CIAPECO? ¿Hubo competencia? ¿Se modificaron los presupuestos? ¿Se cumplieron los plazos?

Con cinco contratos que superan los $1.142 millones, las respuestas no son detalles administrativos: son información básica que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Mientras Grasso habla de transparencia, la documentación oficial deja demasiados espacios en blanco sobre el destino de los recursos públicos.