Según trascendió, Kirchner vendió a Cencosud un terreno ubicado en Santa Cruz, operación que quedó registrada como parte de los movimientos inmobiliarios vinculados al patrimonio del entonces mandatario. La compañía, posteriormente, desarrolló allí un emprendimiento comercial.
El episodio vuelve a tomar relevancia en medio de las discusiones sobre la Ley de Tierras, una normativa que durante el kirchnerismo buscó limitar la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros y establecer restricciones sobre la propiedad de determinadas extensiones de territorio.
El contraste que plantean sus críticos apunta justamente a la llamada “lógica kirchnerista”: mientras desde el Gobierno nacional se promovían restricciones y controles sobre la propiedad de tierras, integrantes de la propia dirigencia política realizaban operaciones inmobiliarias con empresas privadas.
El caso también vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio y los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner, un aspecto que durante años generó controversias y cuestionamientos políticos. Más allá de las características particulares de aquella operación, su recuperación en el debate público vuelve a plantear una pregunta: ¿eran iguales las reglas que se defendían desde el discurso político y las que se aplicaban en los negocios privados?
